CHARLA-DEBATE sobre subsidios en la Comuna 2

SUBSIDIOS: ni ajuste ni tarifazo.

Una política para la distribución de la riqueza

"Pimpi" Colombo explica los derechos del consumidor

         A fines de diciembre, la Comisión de Formación de la comuna 2 realizó una charla sobre subsidios con el objeto de clarificar y comprender la importancia de las políticas que empezó a impulsar el Gobierno Nacional, y en las cuales viene trabajando hace más de tres años. 

El panel estuvo integrado por la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila "Pimpi" Colombo, el economista investigador del Conicet e integrante de la Gran Makro, Demián Panigo, y por el Consultor de la Secretaría de Transporte de la Nación, Hernán Sraer.

Colombo ofreció una mirada desde el lado de los consumidores y expresó que cualquier norma que defienda a los usuarios es una letra muerta si no hay prestaciones positivas por parte del Estado que le den una razón de ser. En ese sentido, ejemplificó: "Si una persona está desocupada y no puede consumir la ley no sirve”. Por lo tanto, destacó que lo importante es "apropiarse de la cultura de derechos y que el Estado debe defenderlos y ampliarlos". 

De esta manera, reivindicó el camino iniciado en 2003 que se caracterizó por una recuperación del empleo y del circuito virtuoso de la economía que permitió una recomposición del Estado. "Entre otras cosas, ello fue posible por la política de subsidios implementadas (...) No se le van a quitar a nadie que los necesite” afirmó la Subsecretaria.

Daniel Panigo

Luego, el economista Demián Panigo se refirió a la discriminación discursiva: “Cuando los ricos reciben un subsidio, es un derecho; cuando los pobres reciben una transferencia del estado, es un subsidio. Todas son transferencias que realiza el Estado". Asimismo, explicó por qué el actual sistema de subsidios es regresivo e inequitativo, y era indispensable una modificación: “El Estado transfiere 8 mil millones de pesos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que los subsidios ascienden a un total de 70 mil millones, los cuales pueden dividirse en un 50% para gas y luz, un 28% para transporte y un 22% para agricultura y otras transferencias. La desigualdad radica en que el aporte estatal a la energía y el transporte rige únicamente para el área metropolitana de Buenos Aires, y el 70% de sus beneficiarios son personas de ingresos medios y altos. La transferencia a ciudadanos de ingresos medios y altos supera en más de un 400% a lo destinado para la Asignación Universal por hijo (AUH).".

Ante esta situación injusta, el investigador del Conicet dio tres motivos contundentes por el cual no se implementó con anterioridad una política segmentada. Por un lado, la situación macroeconómica en el momento en que se implementa la política de subsidios la mayoría los necesitaba; había un 25% de desocupación, una de cada dos personas era pobre, y una de cada cuatro estaba inmersa en la indigencia. Se necesitaban respuestas urgentes ante un país en llamas y no había tiempo para que el Estado analizara quién podía prescindir de ellos.

Por otro lado, estaba la cuestión política. Néstor Kirchner asumió con un 22% de los votos, y Cristina Fernández, a las pocas semanas de iniciar su mandato, recibió un lock out patronal y un boicot de los medios hegemónicos del cual tardó mucho tiempo en recuperarse. No se tuvo, hasta el apabullador 54% de las últimas elecciones, la legitimidad y fuerza política necesaria para implementar estas medidas.

Para esto, era necesario reconstruir el Estado para poder ejecutar políticas inteligentes y eficientes de semejante envergadura. 

"En el 2002, la Secretaría de Comercio de París contaba con 15 mil inspectores, mientras que la Argentina sólo tenía 7, y es un país mucho más grande. Es decir, en el contexto del neoliberalismo, el Estado no tenía capacidad para llevar a cabo políticas así porque estaba desbastado, no necesitaba personal ni realizar investigaciones dado que se regía por la lógica del mercado y la no intervención. Entonces el kirchnerismo apostó a una decisión horizontal, que todos reciban los subsidios y después, cuando haya un estado fuerte y en pie, empezamos a segmentar” aseguró Panigo.

Un Estado legítimo e inteligente

              

Hacia fines del 2011, cambiaron las tres variables: se modificó la situación macroeconómica, la correlación de fuerzas políticas, y la capacidad del Estado. Panigo insistió en que en esta coyuntura, el actual sistema de subsidios es desproporcionado porque “a 3 millones de pibes le damos 8 mil millones por la AUH, mientras que a 1 millón de ricos le entregamos 40 mil millones”. Y añadió: “En 2008 se intentó hacer algo similar, pero que, además de una deficiente comunicación, sólo se atendía al consumo, lo cual era injusto porque no se analizaba la cantidad de personas que vivían en el hogar ni sus ingresos. Esta vez es brillante en términos políticos”.

De esta manera, el economista señaló que esta decisión de segmentar los subsidios logrará bajar la desigualdad en un 9% en el corto plazo. Para despejar cualquier tipo de dudas en posibles fallas a la hora de aplicar esta política, dijo: “El margen de error es mínimo ya que hoy existe un Estado muy inteligente. Seguramente el criterio por el cual se determina la posible quita de subsidios, es el nivel de ingresos y gastos en función de la canasta básica del lugar de residencia”.

Hernán Sraer

Por último, Hernán Sraer, funcionario de la Secretaría de Transporte y compañero de la comuna, coincidió con Panigo en que antes el Estado no tenía la capacidad ni la legitimidad para llevar adelante determinadas políticas. El subsidio se paga a través de una declaración jurada –que no llega a ser anual- a través de una sumatoria de variables como cantidad de pasajeros y kilómetros recorridos por cada unidad, entre otras.

 “El Estado no tenía forma de controlar la veracidad de los datos, y terminaba pagando mucho más de lo que debería. No obstante, esto se va a modificar con la implementación definitiva del Sistema Único de Boleto Electrónico, ya que se subsidiará directamente a los usuarios, y se tendrá un registro exacto de la cantidad de personas que usaron el medio, y los kilómetros que recorrió” afimó Sraer. Y concluyó: “Antes no sólo no había una capacidad para llevar a cabo semejante sistema, sino que también existía una situación de crisis y desempleo generalizado, y el gobierno no podía dejar caer el sistema de transporte que es una estructura básica para el funcionamiento de la sociedad”.